La alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, afirma que el desarrollo industrial de la localidad está siendo obstruido por las políticas erróneas y de dejación del anterior equipo de gobierno socialista. En rueda de prensa, ha denunciado nuevamente la gran cantidad de residuos esparcidos por las parcelas del vial-8 y los problemas legales para activar el suministro eléctrico. “Es un volumen de residuos difícilmente cuantificable y detectable su origen”, ha declarado.
La regidora señaló directamente a quien lo ha permitido y se preguntó cuánto va a costar limpiar todo eso. Dijo que hay propietarios de parcelas que reclaman limpiarlas por un supuesto compromiso verbal con el anterior alcalde, y añadió que ni siquiera había una autorización a la Consejería de Industria de los trabajos previos, cosa que el nuevo equipo de gobierno ya ha hecho. Anunció un contrato externo para auditar el estado eléctrico del área industrial y también en la zona norte, y reveló un decreto directo del 6 de marzo que acuerda elaborar un bando que prohíbe verter residuos de cualquier naturaleza, salvo en plantas autorizadas. De hecho, se dio orden a la policía para precintar las entradas y salidas del parque empresarial, a raíz de un informe técnico. Mientras se aclara todo, se ha decidido precintar algún cuadro eléctrico. En este sentido, criticó que su predecesor “se paseara con el presidente de los empresarios de Ciudad Real ofreciendo parcelas que ni siquiera tienen suministro eléctrico”. “Hay que estar en la foto y en la representación institucional, pero también en el trabajo diario”.
En este sentido, reprochó a la Junta que nunca dijera nada sobre todo esto. Y reveló que el pasado 4 de abril recibieron un informe (que mostró) donde se piden explicaciones sobre otra zona donde el anterior equipo de gobierno había realizado actuaciones de urbanización en 2015. La alcaldesa aludió a los terrenos enfrente del antiguo matadero, objeto de varias inspecciones. El pasado 8 de septiembre, la Consejería de Medio Ambiente atestiguaba que “el vertedero” se encontraba activo y en febrero de ese año los agentes medioambientales requirieron a Aqualia qué tipo de residuos eran. La regidora dijo que el Ayuntamiento se anticipó para proceder a la limpieza. “Nos sorprende que la Junta haya guardado silencio todo este tiempo”, lamentó. Confirmó que los cuadros eléctricos también precintados en la zona norte seguirán clausurados en cuanto lleguen los informes que digan qué está sucediendo.
Pago a proveedores
En cuanto al pago a proveedores, negó que el anterior gobierno pagara en una media de 20 días, como ha afirmado Eulalio Díaz-Cano. “En ningún momento pagaban a 20 días de media, sino a 30 o 31 días”. Sí admitió que ahora están en 45, pero lo justificó por el cambio de interventor, el levantamiento de reparos del anterior alcalde y otras incidencias como rescatar circuitos de firma de funcionarios que ya no están. “Cómo es posible que se jacten de pagar tan rápido cuando levantamos reparos del año 2022 por más de treinta mil euros”, dijo. Y añadió que una empresa reclama 70.000 euros por una obra en la zona norte sin pagar. “No se cumplía la ley de contratos, pagaban mal y se compraba peor”, subrayó Márquez.
Recortes y remanente
En contestación a las críticas por no haber aprovechado supuestamente el plan de empleo de la Junta, la alcaldesa negó la mayor. “Se está produciendo uno de los mayores recortes sociales de la Junta en su historia y en Ciudad Real hemos tenido un 35 por ciento menos de empleados, un recorte sin precedentes”.
Por último, se refirió al millón de euros de remanente de tesorería, que el PSOE reclama utilizar para algunas obras concretas. Luisa Márquez recordó que antes hay que afrontar pagos pendientes del anterior equipo de gobierno, entre ellos 86.000 euros no justificados debidamente del plan de empleo de 2019, casi 90.000 del plan de empleo de 2022, una expropiación de ocho o nueve años que llegará a 50.000 euros o unos 200.000 euros en mejoras en el parque empresarial y en la zona norte.
