La Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo una campaña de control de velocidad, entre los días 15 y 21 de abril, en carreteras convencionales y en vías urbanas, como uno de los factores de riesgo en la siniestralidad vial.
Así como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el casco no son cuestionados, la consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores.
La velocidad inadecuada se mantiene como la tercera causa más frecuente en los siniestros de tráfico en las vías de circulación, presente en el 7% de los accidentes, al mismo tiempo, es factor concurrente en el 23% de los siniestros viales con víctimas mortales en nuestro país lo que representa 309 fallecidos en el año 2022.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha señalado que “fomentar la seguridad en las carreteras tiene que ser un compromiso colectivo, y es vital que la ciudadanía tome conciencia de los riesgos asociados al exceso de velocidad. Ya que cada accidente prevenido es un éxito de todos, salvando y protegiendo vidas y garantizando la seguridad”. Además, tiene el convencimiento de que “podemos construir un entorno vial más seguro, con la responsabilidad de todos”.
En zonas urbanas, numerosos estudios indican que a partir de 80km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a una velocidad de 30km/, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%.
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las Policías Locales de La Solana y Valdepeñas, que hasta el momento son los que se han adherido a la campaña, intensificarán la vigilancia en sus respectivos ámbitos de competencia, con el objetivo de controlar especialmente tramos de riesgo asociado con la velocidad.
Al tratarse de una campaña desarrollada también a nivel europeo por la asociación RoadPol (European Roads Policing Network), la vigilancia no sólo se llevará a cabo en España sino en todos los países adheridos a dicha asociación.
Campaña anterior en la provincia de Ciudad Real
Durante los siete días de campaña de vigilancia y control de velocidad puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico, entre los días 17 y 23 de abril de 2023 en la provincia de Ciudad Real, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 12.341 vehículos. Del total de vehículos controlados, 528 conductores resultaron infractores y por lo tanto denunciados por exceso de velocidad. Además, en esta campaña colaboró la Policía Local de Puertollano controlando 2.130 vehículos, llegando a denunciar a 242 conductores infractores.
El Asistente Inteligente de Velocidad como ayudante
Todos los vehículos homologados desde el pasado 6 de julio de 2022, así como los matriculados nuevos a partir del 6 de julio de 2024, deberán contar, con una serie de funciones de seguridad avanzadas, las denominadas ADAS, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA).
Este sistema, formado por el navegador del vehículo, que muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y un sistema de reconocimiento de señales que complementa a la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad, ayuda al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad, contribuyendo de este modo a la mejora de la seguridad vial.
Recordando las normas
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial y el Reglamento General de la Circulación, fijan la normativa aplicable a los límites genéricos y específicos de velocidad.
El incumplimiento de estas normas está tipificado como infracción grave o muy grave, sancionado con multas de 100 a 600 euros y la retirada de entre 2 y 6 puntos.
Además, el artículo 379 del Código Penal, estable como delito “el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno o noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”