"No hay transporte público seguro sin inversión y mantenimiento, pero tampoco sin accesibilidad económica"
Las asociaciones representativas de viajeros recurrentes de media distancia convencional (AVRAVE) y Avant queremos trasladar el sentir de los usuarios del ferrocarril en una semana especialmente dura para el conjunto del sistema ferroviario y para la sociedad. Las tragedias de Adamuz y Gelida ponen de manifiesto, para quien aún pueda albergar dudas, que el tren responde a una demanda ciudadana alejada de cualquier filiación política. Es el eje de la movilidad cotidiana de miles de personas para acudir al trabajo, a los estudios, a la atención sanitaria o al ocio. En el tren viajan todas las ideologías y todas las realidades sociales. Desde nuestra condición de usuarios recurrentes trabajamos para trasladar a administraciones, partidos políticos y agentes sociales una realidad que puede resumirse en una idea sencilla: necesitamos un tren seguro, fiable, bien mantenido, útil y asequible. Las asociaciones recordamos, además, que el ferrocarril es una prioridad estratégica de la Unión Europea, tanto por su papel en la cohesión territorial y social como por su contribución a la transición ecológica.
En estos días, estamos asistiendo a afirmaciones que plantean un supuesto conflicto entre la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y las políticas de transporte asequible desplegadas recientemente, como las ayudas a los bonos recurrentes, el abono único y la convalidación del Real Decreto que las ampara. Como usuarios y familias que dependemos del tren, consideramos necesario aclarar algunos puntos fundamentales. En primer lugar, el acceso a un transporte público asequible y ambientalmente sostenible es un objetivo explícito de la Unión Europea y una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial y social, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de la vida.
En segundo lugar, los servicios públicos tienen una vocación de universalidad. Su finalidad es garantizar derechos básicos, como la movilidad, y hacerlo de forma equitativa y segura para toda la ciudadanía.
Plantear este debate como una elección entre mantenimiento del sistema ferroviario o políticas tarifarias constituye un falso dilema. Ambas son necesarias y complementarias. No hay transporte público seguro sin inversión y mantenimiento, pero tampoco hay un sistema verdaderamente público sin accesibilidad económica.
En este contexto, resulta preocupante que algunas voces intenten deslegitimar las políticas de movilidad asequible, habituales desde hace años en distintas administraciones autonómicas y ayuntamientos, con independencia de su signo político, calificándolas de “compra de votos”. Las ayudas al transporte responden a una necesidad social real y a compromisos europeos claros. Desviar el debate hacia otros marcos empobrece la discusión pública y resulta especialmente inapropiado en un momento de dolor compartido. Un sistema ferroviario sólido que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos exige inversión, mantenimiento, accesibilidad y responsabilidad compartida. Exige seguir trabajando en positivo, con respeto institucional y sin confrontaciones estériles.
Como siempre hemos hecho y seguiremos haciendo, las asociaciones de usuarios llamamos a la cooperación, al diálogo y a los acuerdos entre todas las administraciones y fuerzas políticas para fortalecer el sistema ferroviario, democratizar el servicio, mejorar la movilidad y la vida de la ciudadanía, especialmente a los dos principales bloques políticos, que tienen en sus hombros la responsabilidad de dar respuesta a una demanda de la ciudadanía para continuar con una política de tarifas asequibles en el transporte público, evitando el bochorno del año pasado.
La sociedad civil espera de sus representantes públicos, que consensuen soluciones a los problemas de los ciudadanos, y estén a la altura de lo que representan y a quien representan.