La Hostelería provincial rechaza la subida del IVA y pide la derogación del decreto sobre registro de viajeros

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT) de Ciudad Real se suma a las protestas del sector a nivel nacional por la insistencia de la Comisión Europea de solicitar al Gobierno de España el incremento del IVA del 10 al 21 % a la hostelería. Asimismo, la hostelería provincial se adhiere a la petición de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que exige la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 -relativo a registro de viajeros- y la apertura urgente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados. 

En un comunicado, Competur, la alianza por un turismo más competitivo formada por Hostelería de España (CEHE), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Cerveceros de España, considera que la propuesta de la Comisión, realizada de forma recurrente desde Bruselas, refleja una falta de visión y estrategia desde el Ejecutivo comunitario. “La Comisión Europea plantea la misma medida año tras año de forma automatizada, independientemente de la coyuntura económica del país o de los niveles de ingresos fiscales del Estado. El turismo y la hostelería actúan como potentes tractores del empleo y de la actividad de multitud de sectores de toda la cadena, como el agroalimentario, además de ser una herramienta indispensable para fijar población y generar oportunidades en las zonas rurales más envejecidas y despobladas de la geografía española”, ha señalado Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.

Un golpe directo al consumo nacional y a las familias

El sector advierte que la implantación de esta medida llegaría en un momento especialmente vulnerable para el mercado interno. Los datos del INE del primer trimestre de 2026 reflejan síntomas de fatiga, con un descenso del 0,4% en términos de producción en volumen (extrayendo el efecto inflacionista de los precios), con caídas del -0,3% en restauración y del -0,6% en alojamiento.

A esto se suma un efecto directo sobre los precios. El IVA es un impuesto que se traslada en gran medida al consumidor final: pasar del 10% al 21% encarecería de golpe el ticket en bares, restaurantes y alojamientos, trasladando una nueva subida a los hogares justo después de un ciclo inflacionista intenso y de imposiciones de tasas turísticas por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. No es el momento de pedir al consumidor que absorba otro encarecimiento, ni a un sector con márgenes ya tensionados que asuma un nuevo incremento de costes.

Lejos de equilibrar las cuentas, elevar el IVA al 21% funcionaría como un impuesto directo al bienestar de los ciudadanos. La medida se traduciría en una drástica penalización al consumo de las familias españolas, limitando aún más su capacidad de disfrute, y supondría un esfuerzo económico añadido a la hora de mantener su gasto en ocio. Esta subida lastraría la demanda nacional justo cuando la pérdida de renta disponible y el aumento de los costes de producción ya condicionan fuertemente los presupuestos de los hogares.

En palabras de Gallego, “la hostelería no es solo un indicador económico, es Marca España y una parte indisoluble de nuestra cultura y de nuestra forma de socializar. Elevar el IVA al 21% supondría un impacto severo sobre la competitividad de nuestro turismo y, sobre todo, un castigo fiscal injusto al bolsillo de las familias españolas, dificultando su acceso a un modelo de vida y convivencia que nos define como país. Instamos al Gobierno a pronunciarse con total claridad en contra de esta propuesta y a defender el tejido empresarial que sostiene el día a día de nuestros barrios y pueblos”.

Un pacto histórico y territorial en riesgo

Competur recuerda que el IVA reducido de la hostelería constituye un derecho histórico para España, instituido en 1986 durante el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas. Se trata de un pacto estratégico concebido para compensar los sacrificios exigidos entonces a los sectores industrial, agrario y pesquero, cediendo al turismo el rol de gran motor de riqueza. Renunciar a este equilibrio erosionaría la competitividad de España frente a competidores internacionales globales.

“Es preocupante que la Unión Europea siempre piense que para arreglar los problemas hay que subir la carga fiscal. En ocasiones anteriores en países como Irlanda, Portugal y Chipre se establecieron políticas de bajada del IVA a la hostelería para potenciar el consumo y la recaudación final. La mayoría de nuestros países competidores de nuestro entorno tienen tasas de IVA inferiores a España y abandonar los tipos reducidos supondría un castigo a los visitantes extranjeros que repercutirá directamente en la demanda y en el resto de ingresos de todos los subsectores que arrastran la actividad turística”, señalan desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Por otra parte, la recomendación de la Comisión Europea pasa por alto la compleja arquitectura fiscal de la hostelería en España. Bares, restaurantes y alojamientos ya soportan una elevada carga de fiscalidad local y autonómica en forma de tasas que no afectan a otros sectores de la economía. Una contracción de la demanda provocada por el endurecimiento del IVA reduciría la actividad económica global, generando un efecto rebote que disminuiría los ingresos de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas, dañando el equilibrio territorial.

Derogación del real decreto sobre registro de viajeros

En otro orden de cosas, la Comisión Europea anunció el pasado 4 de junio, que lanzaría un expediente sancionador contra España, por considerar que el RD 933/2021 -relativo al registro de viajeros- vulnera la normativa sobre protección de datos. Ante este anuncio, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) recoge el aval de Bruselas y señala que la decisión de la Comisión Europea de incoar un procedimiento formal de infracción contra España -bajo el caso INFR(2026)4005- no supone ninguna sorpresa. Al contrario, desde la patronal se señala que “constituye la crónica de una advertencia anunciada”.

Desde 2022, la patronal hotelera ha abanderado las quejas y alertas sectoriales contra el Real Decreto 933/2021, junto a todos los afectados por este RD como agencias de viajes, coches de alquiler y plataformas de intermediación, ya que es una normativa que impone el registro y la remisión masiva de datos de los viajeros, y que fue redactada de forma unilateral y a espaldas de la realidad operativa del sector turístico.

CEHAT quiere dejar claro de manera rotunda que este expediente europeo da la razón al sector turístico frente a un reglamento inaplicable. Desde su publicación, la confederación ha venido avisando de que el marco del RD 933/2021 adolecía de fallos estructurales graves:

• Desconocimiento de la operativa: Fue concebido ignorando los sistemas de gestión diarios de los establecimientos hoteleros y de hospedaje.
• Asfixia burocrática: Somete a las empresas a una carga de trabajo administrativa desproporcionada que penaliza la competitividad del sector.
• Riesgos de ciberseguridad: Obliga a los alojamientos turísticos a convertirse en custodios de un volumen ingente de datos altamente sensibles como tarjetas de crédito, transacciones financieras y datos de geolocalización, convirtiéndolos en dianas vulnerables para ataques cibernéticos y brechas de seguridad.
• Vulneración flagrante de la normativa europea: El reglamento choca frontalmente contra los principios de proporcionalidad y privacidad de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha fundamentado su pliego de cargos precisamente en los argumentos que CEHAT ha defendido pacientemente en los despachos europeos junto a la patronal europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares (HOTREC). La normativa comunitaria en materia de protección de datos aplicable al ámbito policial exige de forma estricta la minimización de datos. El sistema español exige conservar datos excesivos durante tres años, algo que Bruselas califica textualmente de "desproporcionado". Por otra parte, hay que recalcar que un grave incumplimiento recae en que la recopilación sea masiva e indiscriminada.

Para el desarrollo jurídico de este caso es crucial remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente la dictada en relación con la remisión de datos de pasajeros de aerolíneas (Directiva PNR). El tribunal de Luxemburgo ya dejó firmemente sentado un precedente histórico: la transferencia masiva de datos personales a las autoridades encargadas de la seguridad pública no puede ser una herramienta sistemática ni generalizada. El TJUE determinó que la cesión de información privada debe restringirse estrictamente a lo necesario y limitarse a supuestos específicos, concretos y justificados bajo sospechas reales de criminalidad grave o amenazas terroristas concretas. El Real Decreto 933/2021 vulnera esta doctrina de raíz al someter de forma indiscriminada e justificadamente el historial y los métodos de pago de millones de turistas al control estatal ordinario.

Apoyo a la seguridad y exigencia de diálogo urgente

CEHAT quiere subrayar y dejar patente, una vez más, su reconocimiento y agradecimiento explícito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La patronal subraya que su dedicación y eficacia son indiscutibles y, como siempre ha hecho a lo largo de su trayectoria, el sector hotelero español está firmemente dispuesto a colaborar codo con codo con ellos para garantizar el incremento de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la confederación recalca que la seguridad del Estado jamás puede alcanzarse a costa de dinamitar los derechos fundamentales de los ciudadanos o de imponer cargas ilegales a las empresas.

Por todo ello, CEHAT exige la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura urgente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados. La confederación se pone a la entera disposición del Ministerio del Interior para diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas. Es totalmente viable articular un método de transmisión de información eficaz, fiable y moderno que agilice las labores policiales y que, de forma simultánea, respete rigurosamente la privacidad de las personas y el derecho comunitario a la libre circulación dentro de la Unión Europea.