La Asociación de Industrias Vitivinícolas ha presentado un documento ante el Ministerio de Agricultura donde propone varias soluciones para hacer frente a los graves problemas que se están ocasionando por la implantación de la Agenda 2030 a los sectores de la agricultura, ganadería, pesca, pequeñas y medianas industrias relacionadas con la transformación de los productos del sector primario y transportistas.
En primer lugar, apuesta por la creación de un certificado europeo de calidad y seguridad alimenticia para que lo cumplan todos los países de fuera de la Comunidad Europea, en el que se controle la agricultura y las explotaciones ganaderas en los países de fuera de la Unión Europea con inspectores europeos y que el pago de esa certificación sea a cargo de las empresas de fuera de Unión Europea que quieran vender sus productos dentro de Europa.
En segundo lugar, controlar con auditorías a las grandes plataformas de distribución para detectar precios en origen, márgenes para cada uno de los intervinientes en el proceso hasta que se venden al consumidor final, detectar posibles abusos e identificar saber por qué se incrementa hasta un 500% el beneficio y que el etiquetado en las estanterías informe de cuál es el origen del producto, con transparencia en la información de productos fitosanitarios y condiciones laborales y de seguridad en el trabajo para que cumplan las mismas leyes del país al que vendan el producto final.
Tercero, que se revise La Ley de la Cadena Alimentaria que solo se aplica en España y que se modifique y supervise por estamentos jurídicos europeos porque como está redactada actualmente perjudica y crea un agravio comparativo a pequeñas y medianas empresas, al ser las únicas a las que se le exigen su cumplimiento, quedando exentas las cooperativas agroalimentarias que mueven desde el 60-80% de frutas, hortalizas, vino, leche, etc…. Se está perjudicando así a los cooperativistas porque al quedar fuera de la obligación están vendiendo sus producciones a pérdidas por debajo de costes. Se habla mucho de los costes de producción, pero no se hacen públicos los costes de producción, totalmente escalonados por categorías y tienen que estar regulados para que nadie compre ni venda por debajo de dichos costes de producción. Esto se tiene que realizar con la intervención y el consenso de todos los sectores: agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores, y empresas transformadoras, por un organismo español y supervisado por la Comunidad Europea con precios acordes a la rentabilidad de todos los intervinientes.
Cuarto, subvencionar las energías con porcentajes importantes y reducción de impuestos. En quinto lugar, AIVE solicita nuevos estudios por parte de España y por la Unión Europea de las cantidades reales de agua entre ríos y subterráneas que se pierden y no se aprovechan y se vierten al mar, agua dulce totalmente potable y que no se están creando las infraestructuras necesarias para darle aprovechamiento a estas aguas. "Queremos que se invierta al mismo ritmo que se invierte en mejorar autovías, aeropuertos, servicio público o ferrocarril etc. La cantidad de agua destinada a agricultores, ganaderos o empresas transformadoras no se puede reducir porque se utiliza para el bien de toda la población que es la que necesita alimentos para poder vivir, no es un gasto caprichoso por lo que se le tiene que dar la gran importancia que tiene, y no sirve la solución de reducir, sancionar y recaudar dinero a costa del sector primario".
Asimismo, en sexto lugar, instan a que las asociaciones del sector primario, cuando se modifiquen o cambien leyes, artículos, necesidades ambientales o que piden los consumidores o mercados, así como nuevas normativas de alimentación, estén representadas democráticamente y en igualdad para expresar sus inquietudes y propuestas y que sean estudiadas y votadas por todos los sectores afectados y no solamente por algunas asociaciones que dicen que representan a todo el sector "pero ello no es cierto, hay que potenciar la libertad para poder elegir a nuestros representantes en los distintos sectores, ya sean grupos representantes del sector, grupos minoritarios por pertenecer a sectores especiales, para que así tengan la misma igualdad que las organizaciones agrarias a la hora de defender la labor y el futuro de todo el sector primario".
Por último, en referencia a las subvenciones, la Asociación solicita igualdad de condiciones de acceso al dinero público, a recibir ayudas como la PAC o para inversiones para conseguir mejoras alimentarias en las distintas industrias, sin distinción de su volumen, para así tener los mismos derechos de poder acceder s dichas subvenciones independientemente si se trata de actividad grande o pequeña, o si son empresas o cooperativas. En lo referente específicamente a la PAC, se debe adaptar a cada país y dentro del país a cada región, teniendo en cuenta la climatología y los cultivos mayoritarios que se dan en cada zona. No se puede consentir, como está pasando ahora, que nos imponga una PAC de países del norte, que tienen una climatología de lluvias y unas necesidades que no son las mismas que tiene España que a la vez tiene distintas condiciones dentro de las diferentes regiones, por lo que se tienen que simplificar requisitos para que estas normas se puedan cumplir totalmente con la misma seguridad de fiabilidad de los productos y además dentro de la más absoluta legalidad
